La dignidad de los españoles

La dignidad de los españoles (Incluidos al menos 2,7 millones de catalanes)

LA «DIGNIDAD», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno.

Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces «sí» a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo.

La Constitución está vigente no sólo porque fue refrendada por una amplia mayoría de los españoles, sino porque además ha sido revalidada en la práctica en todas las elecciones en las que los ciudadanos han acudido a las urnas en estos 31 años, votando en su gran mayoría a partidos como el PP o el PSOE que dicen respaldar la Carta Magna.

Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución.

Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes.

Como adelantábamos ayer, resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio. Pero antes de entrar en su análisis, lo primero que llama la atención es que 12 periódicos de tendencias ideológicas bien distintas olviden sus diferencias para defender un Estatuto que identifican con la construcción nacional de Cataluña.

Ello recuerda mucho el planteamiento del llamado «nuevo orden informativo internacional», promovido por aquel director de la Unesco llamado Mbou, que alegaba que por encima del pluralismo estaba la contribución de la prensa a la lucha por la emancipación frente al colonialismo occidental. Los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia.

No hay precedentes en la prensa española de una iniciativa como ésta, salvo algunos editoriales conjuntos en defensa de la libertad de expresión contra el terrorismo al inicio de la Transición. Pero lo importante no es el burdo intento de presión al Constitucional ni los significativos aplausos de Montilla y los nacionalistas a la iniciativa de los periódicos. Lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates.

Dicen que el Tribunal es «un corazón con las válvulas obturadas», ya que la mitad de sus integrantes está en situación de interinidad. Al margen de que no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos, eso no les resta legitimidad alguna, puesto que es un supuesto contemplado por la ley.

Dicen que alguien sueña con «cirugías de hierro» desde «posiciones irreductibles» y que «el dilema real es avanzar o retroceder» en la pluralidad de España. Defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos.

Dicen que está en juego «el espíritu que hizo posible la pacífica Transición» cuando son los impulsores del Estatuto quienes no han vacilado en cargarse 30 años de consenso constitucional alumbrando una norma intragable para el PP y celebrando su exclusión.

Dicen que hay que respetar los pactos cuando ellos quieren pasar por encima de la Constitución y de la voluntad del conjunto de los españoles.

Dicen que hay un «obsesivo escrutinio» sobre la lengua catalana cuando sus mentores políticos han erradicado el español de las aulas e incluso de los patios de recreo.

Y amenazan con «una legítima respuesta» de «la solidaridad catalana», eufemismo que revela el intento de coaccionar al Constitucional y de sacar a los catalanes de sus casillas. Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta.

Fuente: ElMundo